El Gobierno venezolano ha procedido al desbloqueo parcial de al menos 17 portales de noticias, una medida que contrasta con la persistencia de otras 188 webs todavía bloqueadas bajo el control estatal. Esta apertura informativa se produce de forma paralela a los anuncios de la Fiscalía orientados a salvaguardar la presunción de inocencia, en un intento por mostrar gestos de distensión institucional.
La decisión gubernamental se enmarca en la reanudación formal de los canales de diálogo entre el sector oficialista del chavismo y los diversos actores de la oposición política. Este movimiento diplomático e interno busca mitigar la presión internacional sobre el Ejecutivo en un momento clave para la estabilidad de la administración de Caracas.
El trasfondo de esta apertura controlada llega precedido por duras advertencias emitidas días atrás por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que denunció públicamente que las estructuras represivas del Estado continúan intactas y sin haber sido desmanteladas de manera efectiva.
En este contexto, analistas y observadores locales como el exgobernador y abogado César Pérez Vivas han señalado que la libertad de expresión en el país sudamericano sigue encontrándose en una situación extremadamente frágil, a pesar de los anuncios oficiales de distensión y el levantamiento parcial de los bloqueos digitales.
Esta situación guarda similitudes y conexiones con dinámicas previas abordadas en la región, evidenciando cómo el régimen utiliza el control de la información y los bloqueos selectivos como una herramienta de negociación táctica ante los organismos multilaterales y las potencias extranjeras.
