El Gobierno central ha decidido prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, justificando la decisión en el contexto de volatilidad provocado por el conflicto en Oriente Medio y la necesidad de asegurar el suministro energético.
La medida ha generado una fricción directa dentro del Ejecutivo de coalición. Desde Sumar, socio parlamentario y de gobierno del PSOE, se ha rechazado de plano la prórroga, calificándola de un incumplimiento flagrante del acuerdo de coalición firmado en 2023 que fijaba el calendario de cierre definitivo de las nucleares.
Varios dirigentes de la formación confederal, incluido el ministro de Cultura Ernest Urtasun, han señalado directamente que el mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y a los intereses del oligopolio energético, en detrimento de una transición ecológica basada en energías renovables.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido la legalidad y la necesidad de la medida, asegurando que la extensión está acotada, cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y no contempla rebajas fiscales ni contraprestaciones económicas directas para las eléctricas.
Este movimiento enlaza directamente con los problemas de abastecimiento y la volatilidad en los mercados internacionales, conectando de manera evidente con dinámicas descritas previamente en informaciones como [el-gobierno-prorroga-la-central-de-almaraz-hasta-2030-por-la-crisis-energetica-2ef1c8], donde ya se advertía de la presión sobre el calendario de clausura del parque nuclear español.
