El modelo de bienestar sueco, consagrado internacionalmente durante la segunda mitad del siglo XX bajo referentes como Olof Palme, sufre un proceso avanzado de desmantelamiento operativo. Gran parte de los servicios públicos esenciales se gestionan actualmente mediante un sistema en el que el Estado aporta la financiación íntegra, pero permite que empresas privadas obtengan beneficios sin apenas restricciones.
En el sector educativo, las escuelas independientes o friskolor permiten que empresas con ánimo de lucro coticen en la bolsa de Estocolmo. Este sistema ha provocado que grandes corporaciones como ArcadeMedia controlen centros de secundaria mientras expanden su modelo hacia Noruega, Finlandia y Alemania, generando lo que los críticos denominan localmente oligarcas del Estado del bienestar.
La sanidad pública experimenta una dinámica paralela, con aproximadamente el cuarto de los centros de atención primaria en manos privadas, a menudo controlados por fondos de capital privado. Los sindicatos y profesionales sanitarios denuncian una priorización de la eficiencia financiera y la reducción de costes frente a la seguridad asistencial.
Este giro político y económico ha ensanchado la brecha de desigualdad social, incrementando drásticamente el número de fortunas mil millonarias en las últimas décadas. La abolición de figuras tributarias como el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones ha favorecido un régimen fiscal muy laxo para los grandes patrimonios.
La confluencia de este deterioro en los servicios públicos con el descontento ciudadano ha reconfigurado el tablero político del país nórdico. Mientras la izquierda y los socialdemócratas plantean prohibir el lucro en la provisión pública para las próximas elecciones, la derecha populista canaliza parte de ese malestar social.