El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un movimiento político de calado institucional al reclamar un nuevo contrato social enfocado específicamente en la gestión y el control de la inteligencia artificial. Durante su intervención, el líder del Ejecutivo ha sostenido de forma categórica que los mecanismos de autorregulación promovidos por las propias corporaciones tecnológicas han fracasado estrepitosamente, dejando a los Estados sin capacidad real de supervisión frente a los cambios estructurales que impone este sector.
El anuncio se produce en un momento de intensa actividad diplomática para el mandatario, ya que esta misma agenda de control tecnológico e institucional coincide con su desplazamiento internacional para participar en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Este tipo de foros supranacionales se han convertido en el escenario habitual donde los Ejecutivos intentan proyectar normativas nacionales hacia marcos de consenso global, buscando frenar el descontrol de los gigantes tecnológicos que operan por encima de las fronteras tradicionales.
En el centro de esta pugna se encuentran los actores con poder real en el ámbito financiero y digital, monopolios tecnológicos globales que acumulan más datos, capacidad de cálculo y recursos económicos que muchos Estados soberanos juntos. La pretensión del Ejecutivo español de convocar a los agentes sociales busca articular un cortafuegos interno ante el impacto socioeconómico previsible de la automatización masiva, aunque los críticos señalan la dificultad de aplicar medidas estatales eficaces frente a corporaciones transnacionales con sede en jurisdicciones extraterritoriales.
Este movimiento político interno guarda relación directa con la estrategia exterior del Ejecutivo en los foros multilaterales, donde España intenta posicionarse como un referente normativo en materia digital. Esto ocurre apenas unos días después de [sanchez-lleva-su-modelo-migratorio-a-la-onu-en-plena-crisis-de-ceuta], lo que evidencia una constante en la acción exterior del Gobierno de utilizar las tribunas de la ONU para legitimar y blindar sus políticas internas frente a las crisis de gobernabilidad que afronta en el plano doméstico.
La decisión de exigir un marco regulatorio estricto también se entrelaza con las tensiones regulatorias globales que enfrentan a los bloques económicos tradicionales frente al dominio absoluto de las grandes tecnológicas de EE. UU. y el avance competitivo de potencias como China. En este tablero de poder, los Estados europeos buscan recuperar una soberanía digital perdida, utilizando herramientas legislativas y discursos sobre el bienestar social para intentar someter a unas corporaciones tecnológicas que hasta ahora han dictado sus propias reglas de juego en el mercado global.