El gobierno británico, a través del ministro de Asuntos Exteriores Ed Miliband, ha anunciado medidas punitivas sin precedentes contra la expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Las restricciones incluyen la prohibición de importar productos elaborados en los asentamientos, el veto a la publicidad de propiedades inmobiliarias en estas zonas y sanciones dirigidas a empresas, inversores y colonos extremistas vinculados a la violencia contra la población palestina. Además, Londres ha bloqueado la emisión de nuevas licencias para exportaciones militares que contribuyan directamente a la ocupación militar.
Esta ofensiva diplomática no llega sola, sino que se ha escenificado mediante una declaración conjunta firmada por doce naciones, entre las que se encuentran Reino Unido, Francia, España, Irlanda, Noruega y Suecia, las cuales denuncian que la política israelí destruye la viabilidad de la solución de dos estados. El posicionamiento británico marca un punto de inflexión al calificar abiertamente la ocupación de Cisjordania como ilegal bajo el derecho internacional y señalar la pasividad del ejecutivo israelí ante la violencia de los colonos.
En el centro de esta crisis se encuentra el gabinete de coalición de Benjamin Netanyahu, fuertemente condicionado por ministros ultranacionalistas como Itamar Ben Gvir, y respaldado en su día por alianzas políticas que ahora el bloque occidental comienza a aislar de forma explícita. La oposición israelí, encabezada por figuras como Yair Lapid y Gilad Kariv, no ha tardado en culpar directamente al primer ministro de arrastrar al país a una situación de aislamiento global sin precedentes y de convertir a Israel en un paria internacional debido a su alianza con sectores extremistas.
La respuesta de Tel Aviv ha sido inmediata y contundente. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha ordenado el cierre del consulado británico en Jerusalén oriental en un plazo de treinta días, ha expulsado a los representantes británicos del centro internacional de supervisión del alto el fuego en Gaza y ha prohibido la entrada al país a once parlamentarios británicos y a un abogado crítico con la política oficial. Asimismo, el gobierno israelí ha calificado las sanciones como una injerencia inaceptable destinada a interferir en las próximas elecciones de octubre.
Esta escalada diplomática entre Londres y Tel Aviv se produce en un escenario regional ya de por sí tensionado por la guerra en Oriente Próximo, y enlaza de lleno con las recientes tensiones políticas internas en el Reino Unido, donde el propio Miliband ha tenido que afrontar presiones de sectores religiosos y políticos locales. Esto ocurre apenas unos días después de [miliband-defiende-las-sanciones-de-londres-pese-al-rechazo-de-israel-7e72e9], y confirma que la ruptura diplomática entre ambas administraciones ha traspasado la línea de las declaraciones verbales para materializarse en castigos económicos concretos.
