Las asociaciones vecinales del Grau, Cabanyal, Malvarrosa y Natzaret han emitido comunicados conjuntos para denunciar la progresiva limitación y privatización de los espacios públicos en su distrito. Donde los ciudadanos paseaban libremente, la nueva gestora privada ha colocado vallas de cristal, puertas y caminos cerrados, transformando el entorno en un parque temático enfocado exclusivamente a la explotación comercial.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia vecinal ha sido el cerramiento de La Marina, un recinto construido íntegramente con dinero público. Las entidades denuncian que, aprovechando el periodo estival y las vacaciones de los residentes, el concesionario ha apagado la iluminación de zonas clave como el paseo de La Pérgola y ha instalado vestuarios y barreras para cobrar aparcamiento a los usuarios de las instalaciones náuticas y a los transeúntes.
El modelo que se impone en la fachada marítima valenciana responde a una concesión a largo plazo aprobada por el actual equipo de gobierno municipal y la Autoridad Portuaria. En diciembre de 2023, la alcaldesa María José Catalá y la presidenta de la APV, Mar Chao, acordaron entregar la gestión del 47% de la superficie de La Marina a empresas privadas durante 35 años, ampliables hasta 50, liquidando el consorcio público previo.
Entre los proyectos previstos por los operadores privados figuran la construcción de torres de oficinas de hasta treinta altura, zonas de ocio, restauración y grandes eventos comerciales que competirán con edificios emblemáticos como el Veles e Vents. Los residentes señalan que este entramado mercantil prioriza el beneficio de las empresas concesionarias por encima del interés general y de la integración urbana prometida a los barrios.
Este conflicto local por el control del territorio y la mercantilización del suelo urbano se alinea con las dinámicas globales de especulación y desposesión de lo público que afectan a los grandes centros urbanos, operando de forma similar a los procesos denunciados en [merlin-impulsa-su-mayor-centro-de-datos-en-extremadura-con-14-000-millones-de-inversion-f959a0], donde las grandes inversiones corporativas rediseñan el territorio sin atender al tejido social preexistente.
