El Ayuntamiento de Codo, en la provincia de Zaragoza, ha tenido que suspender de forma temporal la declaración de interés público de cuatro macrogranjas porcinas. La decisión llega tras una rectificación del alcalde, Raúl Cuevas, quien además ejerce como diputado del Partido Popular en el Congreso y que inicialmente había votado a favor de los proyectos a pesar de que tres de las instalaciones se proyectan sobre terrenos pertenecientes a su madre y a un tío.
El conflicto estalló cuando el único concejal socialista del municipio, Juan Villuendas, impugnó el acuerdo adoptado en un pleno extraordinario celebrado el pasado 4 de septiembre. El edil denunció la evidente existencia de intereses familiares directos que obligaban al alcalde a abstenerse, una advertencia que fue ignorada en un principio hasta que la intervención de la secretaría municipal forzó una resolución de Alcaldía el 25 de septiembre para apartar a Cuevas del procedimiento.
La controversia urbanística y de gobernanza se entrelaza con una crisis de abastecimiento que afecta gravemente a los vecinos desde 2023. El municipio, con apenas 200 habitantes censados, carece de agua potable en la red pública y depende del reparto de garrafas de agua embotellada, una cantidad que la oposición califica de insuficiente y cuya carga económica ha sido incluso llevada ante la fiscalía.
Frente a esta situación de escasez crónica, las cuatro explotaciones proyectadas por la empresa Explotaciones Ganaderas Estiche, del grupo Cincaporc, consumirían unos 100,6 millones de litros de agua al año, multiplicando por ocho el consumo de toda la población local. Además, las instalaciones acogerían a más de 22.000 animales simultáneamente y generarían más de 60 millones de litros de purines anuales, situándose algunas de ellas en el límite de espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Este episodio se enmarca en una expansión masiva de la ganadería intensiva porcina en la provincia de Zaragoza durante las últimas dos décadas, donde la capacidad autorizada ha crecido un 81,5% desde 2005. La tramitación ahora suspendida evidencia el choque entre los intereses de las grandes corporaciones integradoras y la supervivencia de los núcleos rurales afectados por la despoblación y la degradación de sus recursos básicos.