La Generalitat Valenciana oficializó una profunda modificación en las competencias de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana a través de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. La ley de acompañamiento a los presupuestos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la neutralidad ideológica en el conjunto del sistema educativo y habilitar vías de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones normativas.
La medida ha sido pactada tras el proceso de negociación presupuestaria entre el Ejecutivo autonómico presidido por Pérez Llorca y Vox. A partir de ahora, los inspectores deberán supervisar que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, garantizando el pluralismo y la libertad de conciencia de las familias.
El texto normativo encomienda a la Conselleria de Educación la apertura de canales de comunicación accesibles para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda poner en conocimiento de la Administración hechos que vulneren la normativa. Tras la recepción, la Inspección dispondrá de un plazo orientativo de diez días hábiles para realizar una valoración inicial y determinar si procede realizar visitas presenciales o entrevistas con los implicados.
La publicación de la normativa ha generado una contundente respuesta política. Desde Compromís, el diputado Gerard Fullana ha calificado la reforma como la creación de una policía política orientada a la persecución del profesorado, anunciando el estudio de acciones jurídicas para frenar su aplicación. Por su parte, el exsecretario autonómico de Educación Miguel Soler ha advertido sobre el severo efecto intimidatorio que la medida proyecta sobre las aulas.
Este endurecimiento en los mecanismos de control administrativo y vigilancia institucional recuerda a tensiones recientes en otras administraciones, como se vio cuando concejales de Bogotá exigieron retirar reforma tributaria de Galán, evidenciando cómo los ejecutivos recurren a la presión normativa para alinear el aparato estatal con directrices de control político.