La Comunitat Valenciana acogía a finales de agosto a un total de 1.152 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los registros oficiales. Esta cifra sitúa la ocupación del sistema público en el 60% de su capacidad ordinaria, muy alejada del 180% de sobresaturación que argumenta el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca.
La discrepancia surge en el marco de la aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado año para garantizar la acogida solidaria y vinculante ante contingencias migratorias en territorios saturados como la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras el Ministerio de Juventud e Infancia defiende que la red valenciana debería contar con 1.903 plazas estructurales y recuerda la aportación de fondos extraordinarios por más de 10 millones de euros, el Ejecutivo autonómico rechaza los traslados y califica la situación de invasión.
En este contexto de tensión, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha insistido en la falta de comunicación oficial y en la imposibilidad de recibir a más menores debido a la supuesta saturación de las instalaciones. Por su parte, el Ministerio subraya que la vía para articular las derivaciones requiere la firma de convenios bilaterales, poniendo como ejemplo la colaboración de otras comunidades como Navarra.
Este pulso institucional refleja la profunda fractura territorial en la gestión de los flujos migratorios procedentes de las fronteras exteriores del Estado y la resistencia de ciertos ejecutivos autonómicos a aplicar los mecanismos de solidaridad interterritorial diseñados por el Gobierno central para aliviar la presión sobre los enclaves norteafricanos.
La disputa se enmarca en un escenario de creciente confrontación política donde los datos sobre la capacidad asistencial se utilizan como arma arrojadiza entre el Estado y las administraciones regionales, dificultando la ejecución de políticas migratorias coordinadas y el cumplimiento de los marcos normativos establecidos.