A finales del presente mes se cumple el plazo dado por el Gobierno para ejecutar la orden que obliga a retirar el memorial que homenajea a dos miembros de la Guardia de Hierro en Majadahonda, Madrid. El monolito se mantiene en pie a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte de Franco y conmemora el sacrificio de Ion Mota y Vasile Marin, militares de la organización paramilitar fascista fundada en Rumanía en 1927. Ambos acudieron a España tras el golpe de Estado de 1936 para luchar en el bando sublevado y fallecieron en enero de 1937.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyó el monumento en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática el pasado 29 de junio, estableciendo un plazo de tres meses para su retirada definitiva y permanente. La parcela y el monumento son propiedad de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos, que no ha respondido al requerimiento oficial enviado por las autoridades. La oposición local lleva años reclamando al Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el Partido Popular con mayoría absoluta, que actúe contra el monumento donde grupos ultras convocan concentraciones cada mes de enero.
El expediente oficial concluye que el monolito representa los lazos entre el franquismo y el fascismo europeo de entreguerras y carece de valores artísticos o arquitectónicos que justifiquen su mantenimiento. Al encontrarse en un espacio de acceso público, el Gobierno advierte que activará el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática para imponer multas coercitivas y proceder a su desinstalación subsidiaria si la propiedad incumple el mandato legal. Por su parte, la asociación Abogados Cristianos ha solicitado a la Comunidad de Madrid que declare el monumento Bien de Interés Cultural para evitar su derribo, una vía que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado al argumentar que el elemento no cuenta con el valor arquitectónico necesario.
La construcción del monumento en 1970 fue posible gracias a la financiación de la comunidad fascista rumana en el exilio y al apoyo de falangistas españoles, contando además con préstamos de entidades financieras antecedentes de cajas de ahorros. Durante la dictadura franquista, el lugar funcionó como punto de encuentro para ultranacionalistas y líderes como Blas Piñar. Mientras el plazo expira, el Gobierno rumano ha intervenido en el proceso mediante un correo enviado al Ministerio español el pasado 24 de agosto, en el cual la cancillería del primer ministro agradece la medida por reforzar la memoria democrática en ambos países.
Esta controversia sobre los vestigios del autoritarismo y su persistencia en el espacio público europeo entronca con tensiones políticas más amplias, reflejando debates similares a los observados en otras geografías donde la ultraderecha pone a prueba las instituciones democráticas, un fenómeno visible también en hechos como [la-ultraderecha-alemana-golpea-a-la-cdu-en-mecklenburg-y-berlin-7c1e3a], donde los equilibrios políticos tradicionales tambalean ante el auge de corrientes radicales.
