Movimientos políticos · Actualizado 07/08/2026

Denuncian a Figaredo por instar a cazar migrantes

Un diputado de Compromís lleva al dirigente de Vox ante la Fiscalía del Supremo

Denuncian a Figaredo por instar a cazar migrantes

Foto: Mexicanos Sin Fronteras (licencia BY, vía Openverse)

El diputado Alberto Ibáñez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por sus declaraciones televisivas sobre los migrantes en Ceuta, al considerar que incitan al odio y a la violencia contra el colectivo.

El parlamentario de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el diputado de Vox José María Figaredo. La acción legal responde a las recientes declaraciones realizadas por Figaredo en un plató de televisión, donde afirmó de manera reiterada que hay que 'cazar a los inmigrantes uno a uno' y 'devolverlos' a Marruecos.

Durante su intervención televisiva, el representante de la formación de extrema derecha empleó expresiones como 'cazarlos, pescarlos, uno a uno, a todos' y acompañó su discurso con onomatopeyas como 'pam, pam, pam', que según el denunciante evocan de forma explícita el uso de violencia letal. Ibáñez sostiene en el documento legal que estas afirmaciones no respondieron a un lapsus, sino a una conducta consciente y deliberada mantenida incluso después de que se le requiriera matizar sus palabras.

La denuncia argumenta que el discurso deshumaniza de manera abierta al colectivo migrante y extiende el rechazo de forma indiscriminada a menores de edad no acompañados, vulnerando los estándares internacionales de protección de la infancia. El escrito advierte además sobre el peligro de que este tipo de mensajes actúen como un catalizador de agresiones físicas en un contexto de tensiones fronterizas y episodios de patrullas vecinales.

Desde el punto de vista penal, el representante de Compromís considera que los hechos podrían constituir un delito de odio tipificado en el Código Penal. Según sostiene, las declaraciones incitan públicamente a la hostilidad, la discriminación y la violencia por motivos raciales o de origen nacional, creando un clima de humillación y grave menosprecio hacia las personas migrantes.

Este movimiento judicial se enmarca en la escalada de tensiones políticas y sociales generada en torno a la frontera de Ceuta, conectando directamente con un escenario de máxima alerta institucional. Esto ocurre apenas unos días después de 'el-pp-contraprograma-al-gobierno-y-cita-a-ministros-por-la-crisis-de-ceuta', reflejando cómo la presión migratoria se utiliza como ariete en la confrontación partidista y en el debate sobre el control de las fronteras nacionales.

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Otros medios, otras miradas

Hipótesis

En el trasfondo de estas declaraciones y de la respuesta judicial se vislumbran intereses de polarización ideológica donde los actores políticos buscan capitalizar el descontento y el miedo para consolidar bases electorales a costa de la cohesión social. La utilización del discurso xenófobo y la respuesta punitiva forman parte de una estrategia de confrontación permanente en la que la inmigración deja de ser un desafío humanitario o de gestión para convertirse en el eje central de la lucha partidista por el control de la agenda pública.

Históricamente, la instrumentalización política de las crisis migratorias en las fronteras del sur de Europa sigue un patrón recurrente donde la saturación de los pasos fronterizos es precedida o acompañada por una radicalización del lenguaje institucional y mediático. Este ciclo de tensión permite a los distintos bloques políticos justificar medidas de excepción, reforzar la presencia policial o militar en las zonas limítrofes y desviar la atención de problemas estructurales más complejos mediante la creación artificial de un enemigo exterior e interior.

Desde una perspectiva de análisis crítico, este tipo de disputas legales suelen interpretarse como una escenificación dentro de los márgenes del propio sistema democrático, donde la confrontación verbal y su posterior recorrido judicial actúan como válvulas de escape y a la vez como altavoces mediáticos para los propios implicados. Mientras los partidos miden su rédito electoral en función del ruido generado, las condiciones reales que provocan los flujos migratorios y la vulnerabilidad de las personas atrapadas en el conflicto geopolítico quedan relegadas a un plano secundario.