Movimientos políticos · Actualizado 21/09/2026

Crisis en À Punt por denuncias de manipulación y censura

La televisión pública valenciana atraviesa una fuerte crisis interna ante acusaciones de sesgo político y afinidad con el PP.

Crisis en À Punt por denuncias de manipulación y censura

Ilustración editorial de Sin Filtro — sin fotografía libre de derechos disponible para esta noticia.

Trabajadores y sindicatos de la radiotelevisión valenciana À Punt denuncian un intento de control político e ideológico de la cadena pública. Las críticas apuntan a la dirección actual por la supresión de espacios plurales y la externalización de la programación.

La radiotelevisión pública valenciana À Punt se encuentra inmersa en una profunda crisis reputacional e interna tras las denuncias del Consejo de Informativos y diversos colectivos sindicales, que alertan sobre una deriva hacia el control político. Según las acusaciones internas, la dirección del medio está intentando convertir la cadena en un terminal mediático alineado con los intereses del Partido Popular de cara a los próximos procesos electorales.

El conflicto surge tras varios cambios legislativos impulsados en la Comunitat Valenciana que modificaron la estructura directiva de la empresa pública. Los trabajadores denuncian la presencia de perfiles con trayectorias en medios de líneas conservadoras en puestos clave de la dirección y los informativos, lo que a su juicio ha roto la pluralidad exigida a un servicio público de comunicación audiovisual.

Entre los principales motivos de tensión figura la alteración de contenidos, la reducción de espacios en valenciano y de programación cultural, así como la introducción de formatos externalizados a productoras privadas ajenas a la plantilla fija. Asimismo, se han cuestionado declaraciones emitidas en programas de la casa con descalificaciones hacia miembros del Gobierno central, lo que ha avivado el malestar entre los profesionales.

Por su parte, los responsables de los servicios informativos han rechazado las acusaciones de falta de neutralidad y han defendido la presencia de diferentes formaciones políticas en los espacios de actualidad. No obstante, las discrepancias internas han motivado la salida de varios profesionales acogiéndose a la cláusula de conciencia ante el cambio en la línea editorial de la cadena.

La situación actual evoca los momentos más críticos vividos bajo la extinta Canal 9 antes de su cierre en 2013, reflejando la vulnerabilidad de los medios públicos frente a los cambios de mayorías en las instituciones. Este hecho coincide con un clima político polarizado, donde la utilización de las herramientas de comunicación institucional vuelve a situarse en el centro del debate sobre la calidad democrática y la independencia informativa.

Noticia generada y contrastada mediante fuentes múltiples. Puede contener imprecisiones; verifica siempre con las fuentes citadas.

Otros medios, otras miradas

Hipótesis

Detrás de este conflicto subyacen pugnas por el control de los aparatos de comunicación financiados con fondos públicos, utilizados tradicionalmente como herramientas de influencia política e ideológica por los distintos ejecutivos autonómicos. La instrumentalización de los medios públicos responde a la necesidad de moldear el relato regional y asegurar bases de apoyo electoral mediante la selección de líneas editoriales afines y la sustitución de plantillas o directrices previas.

Históricamente, la radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana ha estado sujeta a ciclos de intervención política coincidiendo con los cambios de gobierno, destacando el cierre de Canal 9 en 2013 tras años de acusaciones de manipulación. Este patrón evidencia la dificultad de blindar los medios públicos frente a la injerencia partidista, independientemente del signo político que ostente el poder en cada legislatura.

Los analistas críticos suelen señalar que la externalización masiva de la producción audiovisual y la precarización de las plantillas fijas son mecanismos habituales para esquivar los controles internos de imparcialidad. Lejos de constituir meras disputas laborales, estas crisis revelan la fragilidad de los mecanismos de supervisión democrática sobre los servicios de información financiados por la ciudadanía.