La consejera de Economía de Aragón, Eva Valle, ha manifestado una postura frontal frente al nuevo real decreto sobre centros de datos que impulsa el Ejecutivo central. Tras enviar las alegaciones oficiales, la responsable regional ha sentenciado que ni un solo centro de datos en la actualidad cumple con los requisitos planteados, calificando las exigencias de completamente imposibles.
Este choque competencial y técnico se produce en un momento de máxima tensión en torno a la expansión de infraestructuras digitales, consideradas estratégicas tanto para la soberanía tecnológica como para el consumo energético masivo. El modelo de implantación de estas grandes instalaciones choca de brujo con las limitaciones territoriales y de recursos.
El pulso económico abierto por el Gobierno de Aragón pone de relieve las fricciones entre la vorágine de la inversión tecnológica global y la realidad regulatoria local. La exigencia de normativas estrictas amenaza con paralizar inversiones milmillonarias en suelo español.
La pugna por el control y la regulación de los centros de procesamiento de datos se enmarca en un escenario de creciente competencia internacional por el dominio de la inteligencia artificial y el almacenamiento masivo de información. Firmas chinas de IA evitan a una delegación de EE. UU. por miedo a sanciones demuestra cómo la infraestructura digital y su control están en el centro de la geopolítica actual.
Las consecuencias de este enfrentamiento normativo repercutirán directamente sobre el sector energético y los grandes fondos de inversión que buscan posicionarse en el sur de Europa. La falta de consenso amenaza con desviar estas inversiones hacia jurisdicciones más laxas.
